La tranza del C-5
En diciembre del 2017 el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció con bombo y platillos la edificación en Colima del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), con una inversión superior a los 800 millones de pesos, obra que fue adjudicada de manera directa a la empresa Seguritech, con el argumento de que se trataba de información delicada y reservada, lo que despertó las primeras sospechas de la millonaria obra, que convenientemente fue entregada al proveedor favorito de Enrique Peña Nieto, que de acuerdo a datos de el periódico El Financiero, el Gobierno Federal la ha beneficiado con el 80 por ciento de adjudicaciones directas en materia de seguridad, esto aunado a los contratos entregados de la misma manera por estados de Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y algunas delegaciones de la Ciudad de México.
Otra de las sospechas que ha despertado la edificación del C-5i, ha sido la opacidad de la obra, la cual el Ejecutivo Estatal, había prometido que estaría en plenas condiciones operativas en el 2019, con 825 cámaras de video vigilancia, 2 mil botones de enlace ciudadano y 13 arcos carreteros; sin embargo, a unos meses de que se cumpla el plazo la obra no solo no se ha concluido, sino que su construcción a un no inicia, prueba de ello es la autorización que aprobó el Congreso del Estado, para que José Ignacio Peralta adquiriera un crédito por 410 millones de pesos, de los cuales 150 millones serían destinados para la construcción del C-5i, por lo que de concretarse el prestamos, estaríamos hablando de una obra a la que se le han invertido cerca de mil millones de pesos, sin que hasta ahora se hayan visto avances significativos y mucho menos resultados para la ciudadanía que sigue viviendo entre plomo, metralla y sangre; por lo que antes de haber autorizado el endeudamiento los diputados debieron haber pedido cuentas claras de los que se ha invertido en seguridad y en el C-5i.
Pero si esto no fuera poco, habría que preguntarle al gobernador si ¿sabe cuántos ojos se ocupan para monitorear 825 cámaras, las 24 horas del día, los 365 días del año?, ¿qué piensa contratar primero, policías o personal para monitorear las cámaras?, ¿cuántos millones va a costar al año contratar personal suficiente para el óptimo funcionamiento de el C-5i?, ¿de qué sirven 825 cámaras, sin no hay suficientes policías?.
Sin duda la construcción del C-5, se ha convertido en un barril sin fondo, y con un futuro poco halagador, ya que mientras el discurso oficial trata de engañar a la población con el slogan de campaña de “vivir feliz y seguro” pero ahora con un C-5i, la realidad es que a pesar de que según datos dados por el gobernador se han instalado 500 cámaras de video vigilancia, siete arcos carreteros y algunos botones de alarma; sin embargo, la verdad es que en Colima todos los días hay nuevas historias de robos de viviendas, automóviles, negocios, así como personas ejecutadas, embolsadas, decapitadas o desaparecidas lo que ya se ha vuelto costumbre, incluso la población colimenses ya lo ve como parte de la vida cotidiana, solo esperan que las balas no los alcancen a ellos, algún familiar o conocido, pero lamentablemente la gente se ha acostumbrado a vivir entre la inseguridad y la violencia.
Lo cierto, es que sí los órganos de fiscalización, así como el Congreso del Estado, no revisan y auditan con lupa cada uno de los gastos realizados en materia de seguridad por el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, poniendo principal énfasis en la construcción del C-5i, esto se podría convertir en la mayor tranza de la administración peralista, sobre todo por la opacidad y protección que le ha brindado el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infocol), al permitir que prácticamente toda la información de seguridad la mantenga como reservada, lo que despierta bastantes sospechas, sobre todo por las cercanía de algunos comisionados con el Ejecutivo Estatal.
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