CONVERSATORIO POLÍTICO
A propuesta de un significativo número de lectores, amigos y familiares surge la columna Conversatorio Político. Este espacio es posible gracias a la participación de un grupo de personas quienes, en distintas épocas, colaboraron al lado de nuestro finado director general y legalmente propietario de este medio: el licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa. Así sucedió con la que fuera su última columna editorial, en la cual se llegaron a plasmar los más acertados análisis políticos de aquellos días.
A la distancia de un lustro, consideramos que la acelerada dinámica social y los cambios generados como producto de esa inercia favorecen las condiciones para re unificar los esfuerzos intelectuales de gente que concibe la crítica no como método de extorsión, sino como un derecho pleno a practicar observaciones sobre la vida pública, a debatir sobre ella e incluso a incidir para que las decisiones tomadas desde el poder se ajusten a los principios democráticos. Por esta razón y en congruencia a la forma equilibrada que durante décadas caracterizó a nuestra línea editorial, desarrollaremos un ejercicio de reflexión sobre los principales temas locales, nacionales y desde luego internacionales.
Es importante destacar que a diferencia de otras fuentes periodísticas, no forma parte de nuestro propósito imponer la realidad que percibimos o resaltar sólo aquella que se ajuste a nuestra conveniencia. El interés fundamental es dar a conocer un enfoque ajeno al oficialismo para que, en la medida de lo posible y después de contrastar distintos ángulos, los ciudadanos obtengan su propia conclusión de los hechos. Sin más preámbulo damos paso a nuestra primera entrega.
UN BREVE REPASO
Aun cuando hay resistencia a los cambios impulsados por el actual gobierno federal, sobresale un hecho innegable: el país transita hacia una nueva etapa en la que, esencialmente, la población demanda equidad y justicia como criterio central en las acciones de gobierno. Y no obstante que ambos principios resultan cruciales para el beneficio colectivo, la realidad es que dichas medidas no han causado agrado entre aquellos beneficiarios (directos o indirectos) de un sistema cuya naturaleza corrupta se contrapone a cualquier esbozo de la democracia.
Hay que recordar que el autoritarismo
no sólo benefició a la clase política con impunidad y concentración de enormes fortunas, pues al amparo del poder también se constituyeron grandes capitales privados cuyos dueños y principales socios ejercen presión para restituir prerrogativas que van, desde la asignación de personal con costo al erario, hasta la condonación de sumas millonarias de impuestos sin excluir el amplio catálogo de actividades ilícitas donde destaca la sobre facturación de servicios y contratos amañados para obtener los "moches' correspondientes.
El antecedente es oportuno para situar en su justa dimensión la costosa campaña impulsada desde diversas plataformas mediáticas. En ella, se busca sostener la creencia de que los graves problemas del país no son herencia de administraciones anteriores sino que han sido originados por el actual gobierno de la República o que, en todo caso, se han agudizado a niveles alarmantes. La verdad es que la memoria colectiva no es tan frágil como suponen los autores de la citada propaganda dado que tendría que ocurrir un fenómeno extraordinario para superar en tan poco tiempo las atrocidades de un régimen estigmatizado por saqueos a las finanzas públicas, devaluaciones, crímenes de Estado y cualquier práctica asociada al abuso de poder.
Mientras esto sucede en una cara de la moneda, por la otra el presidente López Obrador parece avanzar (aunque con ciertas dificultades) en lo que él mismo ha denominado la lucha contra la corrupción. La tarea carece de fórmulas sencillas cuando se torna obligado a desmontar un andamiaje construido a lo largo de décadas de impunidad. En ese sentido cobran relevancia los procesos judiciales a personajes como la ex titular de Sedesol Rosario Robles, el abogado Juan Collado, el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin además de la investigación al ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Y aunque la detención del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna no es propiamente un logro de la autoridad mexicana, se puede afirmar que el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos robustecerá los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en nuestro país, una dependencia que ha servido como piedra angular para el llamado a cuentas de aquellos personajes que se han enriquecido a costillas de los ciudadanos.
De manera complementaria, el autodenominado gobierno de la 4T ha decidido suprimir apoyos económicos a organizaciones que, en los hechos, representan vías alternas para el financiamiento de los partidos políticos, muy concretamente del PRI, institución que perfeccionó este modelo de negocio adoptado más tarde por Acción Nacional y otros partidos que se valieron de asociaciones civiles o cámaras empresariales para lograr el mismo propósito. Debido a ello, la nueva modalidad de dispersión directa ha cancelado toda clase de triangulaciones que dilataban y hasta desaparecían los montos programados; ahí surge la molestia de aquellas instituciones que sub-administraban los recursos públicos y que de paso obtenían importantes ganancias en los plazos de inversión.
El hecho o es que, pese a medidas tan polémicas como el recorte presupuestal o el despido de cientos de empleados de confianza federales (muchos de ellos aviadores, cabe aclarar), una inmensa mayoría de mexicanos permanece tolerante a la promesa de experimentar un cambio verdadero, en donde los resultados se manifiesten tanto en la conducción política del país como en el estilo de vida propio de los mexicanos.
Efecto contrario sucede en las esferas locales, toda vez que la paciencia del ciudadano se encuentra agotada tras varias décadas de abusos gestados desde las oficinas públicas. Colima, por ejemplo, es uno de los pocos rincones de la República mexicana ajeno a la transición partidista, de tal suerte que preserva muchas de las expresiones autoritarias que caracterizaron al llamado viejo régimen. No extraña pues, que en mediciones de comprobación científica reales el común denominador arroje una evaluación negativa a la figura del gobernador del estado, a la de su partido de origen y a la de aquellos prospectos identificados en la misma línea de sucesión política.
EL GOLPE DE LA ARISTOCRACIA
La crisis generada por la pandemia abrió una inmejorable oportunidad para la contraofensiva de aquellos grupos económicos que asimilan la redistribución de la riqueza nacional como un atentado a sus finanzas personales. Anulados de toda posibilidad de hacer negocio con el presupuesto federal, empresarios, políticos y algunos medios de comunicación (tradicionales sobre todo) han coordinado sus ataques a los puntos débiles de un gobierno que, en términos reales, no ha logrado asumir el control absoluto. Y es justo en este proceso de consolidación donde el fenómeno epidemiológico ha sobre expuesto los grandes vicios y limitaciones que prevalecen en las instituciones públicas sobre las cuales el juicio colectivo tiene - desde muchos años atrás- una impresión negativa con argumentos de sobra conocidos.
De ambos factores se han valido los principales adversarios de Andrés Manuel López Obrador para desafiar abiertamente su autoridad política que, guste o no, fue obtenida con un amplio margen de legitimidad. Claro ejemplo de esta rebeldía lo ofrece el naciente Frente Nacional anti AMLO, promovido por Luis Martín Bringas, accionista minoritario de la cadena de tiendas Soriana quien junto a un grupo de empresarios regiomontanos respaldó la candidatura presidencial del panista Ricardo Anaya, referencia histórica que sirve no para desautorizar la libertad de asociación a la que tienen derecho, sino para establecer un punto de partida en la interpretación de sus actos. No es, entonces, una corriente espontánea o derivada de alguna fractura política, ya que en definitiva su protesta obedece a añejas animadversiones que en el contexto actual son revividas con afanes meramente golpistas.
LA SALUD COMO NEGOCIO
Un tema que atrajo la atención desde los primeros días del año es el relativo a la salud. Inicialmente, la gran discusión se originó por la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el INSABI. El nuevo modelo de atención médica desató una serie de críticas por evidentes fallas de logística pero, principalmente, porque su creación marca el fin del Seguro Popular y esto a su vez supone un abrupto freno al negocio que gravitaba a su alrededor. Como referencia de estos casos sobresale el contubernio con algunas firmas de laboratorios para adquirir medicinas a sobreprecio, al igual que el desvío millonario de recursos por parte de los gobiernos estatales.
Este último punto es posible atraerlo gracias al interesante trabajo del reportero Mauricio Montes de Oca, quien en su completa investigación pormenorizó el dispendio de 8 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud. No sobra añadir que, pese a la programación específica de esta bolsa, la aplicación resultó absolutamente contraria a su origen, pues el dinero que debió destinarse a la salud de los mexicanos terminó en cuentas de empresas fantasmas, pagos a aviadores, aguinaldos y bonos que en su conjunto rebasaron los 95 millones de pesos.
La gravedad de este asunto motivó la presentación de 62 querellas por parte de dos organizaciones de la sociedad civil cuyos expedientes se encuentran ya en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.
El caso adquiere una proporción mayúscula si se toma en cuenta que además de los miles de millones de pesos ejercidos en la clandestinidad se identifican como responsables directos a figuras renombradas del poder público. La lista es amplia y al igual que Veracruz, Jalisco, Estado de México, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Puebla y Nayarit (entre otros), Colima aparece entre las entidades que utilizaron los recursos del Seguro Popular para fines distintos. Quizá este incidente ayude a dilucidar las razones por las cuales un grupo de gobernadores comandados por el emecista Enrique Alfaro Ramírez mantiene una confrontación abierta con el ejecutivo Federal.
EL ROMPEOLAS
Es inevitable sustraer de este contexto el hecho de que la licenciada Leticia Delgado Carrillo ocupe la titularidad de la Secretaría de Salud en el estado ante la encrucijada administrativa y epidemiológica que estamos viviendo. Sin escatimar los méritos profesionales o la capacidad de gestión que algunas fuentes reconocen en su persona, la realidad es que sobre su encargo pesa no sólo la carencia de conocimientos en el campo de la medicina, sino el parentesco directo con el coordinador de la fracción legislativa de Morena en San Lázaro. El repentino ascenso de esta funcionaria ya fue interpretado en su momento como una maniobra política de la autoridad estatal para apuntalar las relaciones con el gobierno de la llamada cuarta transformación y, bajo esa lógica, resulta obvio imaginar que la notable influencia del diputado Mario Delgado habilite salidas de emergencia en momentos donde la tensión política lo requiera. Aún con ello, el "rompeolas" de los hermanos Delgado Carrillo podría resultar insuficiente si en la mesa de negociación se colocan temas relacionados con la impunidad y la corrupción.
LA ENCUESTA DE LOS TROLLS
De manera reciente fue publicada en algunos medios de comunicación una noticia cuyo formato reúne todas las características de una inserción pagada y eso, ya de entrada, nos brinda una orientación precisa sobre el origen de la propaganda.
El contenido hace mención a los resultados de una encuesta realizada semanas atrás por una pequeña empresa de la Ciudad de México en la que, de forma por demás sorpresiva, se anuncia con bombo y platillo la nueva percepción que tienen los colimenses sobre su gobernador.
A decir del despacho Arias Consultores, José Ignacio Peralta obtuvo los más altos promedios de aceptación entre el resto de los mandatarios evaluados ¡vía Facebook! Y aunque el sondeo (en realidad se trató de eso) fue extrañamente discreto como para no dar entrada a los apasionados debates que se desarrollan en la hostilidad de la red, llamó mayormente la atención el sorprendente salto en el "ranking" de la propia encuestadora. Esto significa que, de estar clasificado en el "Top 10" de los peores gobernadores, nuestro coterráneo pasó a ser el de mejores calificaciones en el transcurso de un mes. Si el vertiginoso ascenso da paso a cualquier tipo de sospechas, el abrumador "respaldo ciudadano" para la contratación de un nuevo crédito bien podría confirmar el acuerdo comercial que muchos imaginamos.
